¿Qué cambió en el procedimiento sancionatorio ambiental colombiano con la Ley 2387 de 2024?

Análisis de las modificaciones legales, sus implicaciones administrativas y los retos de aplicación práctica.

DERECHO AMBIENTAL

Franklim Geovanni Guevara Bernal

11/6/20264 min read

green vegetable on white ceramic plate
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Si una empresa vierte aguas sin permiso, si alguien tala árboles sin autorización o si una obra incumple su licencia ambiental, la autoridad ambiental puede abrirle un proceso sancionatorio. Es el camino que sigue el Estado para investigar, decidir si hubo una infracción y, de ser así, imponer una sanción y exigir que se repare el daño.

Ese camino lo regula desde 2009 la Ley 1333. El 25 de julio de 2024 se publicó la Ley 2387, que le hizo ajustes importantes. Aquí explico los más relevantes, en palabras sencillas.

Lo que sigue igual

La ley mantiene la regla de que, en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo de quien infringe. Dicho de otro modo, a quien se investiga le toca demostrar que actuó con cuidado. Pero eso no significa que lo condenen de entrada. La Corte Constitucional ya explicó en 2010, en la sentencia C-595, que la autoridad debe comprobar primero que el hecho ocurrió y que fue una infracción, y que el investigado puede defenderse con todas las pruebas permitidas.

Multas más altas

Antes, la ley hablaba de multas diarias de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales. Ahora la multa puede llegar hasta 100.000 salarios mínimos. Si la multa es la única sanción, la autoridad debe explicar técnicamente por qué no impuso otra. Además, cuando la persona no tiene cómo pagar, la sanción puede cambiarse por servicio comunitario o cursos de educación ambiental.

También cambió la amonestación, que es el llamado de atención por escrito. Antes funcionaba como una medida preventiva. Hoy es una sanción pública, que se publica en la página de la autoridad y en la alcaldía del lugar de los hechos.

Una etapa nueva para defenderse

Después de practicar las pruebas, el investigado tiene ahora diez días para presentar sus alegatos de conclusión, que son su resumen final de por qué debería o no ser sancionado. Esta etapa solo existe si se practicaron pruebas.

Más tiempo para decidir, pero con límites

La autoridad tenía quince días hábiles para decidir tras los descargos o las pruebas, un plazo que casi nadie lograba cumplir. Ahora tiene ochenta días. Si se pasa, debe avisar a la Procuraduría.

La ley también dice que, una vez iniciado el proceso, no puede durar más de cinco años. Ese plazo se puede ampliar otros cinco con una resolución que explique el motivo. Los procesos que ya llevan más de quince años deben entrar en un plan especial para resolverse en tres años.

Aquí aparece el primer vacío. La ley no dice qué pasa si el plazo se vence. El Ministerio de Ambiente sostiene que no se trata de una caducidad, es decir, que el proceso no se acaba automáticamente. En mi opinión, una decisión que llegue después de ese plazo, sin una ampliación motivada, podría cuestionarse ante un juez por falta de competencia. Es una interpretación propia y todavía no existe un pronunciamiento judicial que la confirme.

Arreglar el daño para cerrar el proceso

Esta es quizás la novedad más interesante. Quien está siendo investigado puede pedir que el proceso se suspenda mientras corrige o compensa el daño ambiental. Los pasos son los siguientes.

1. Presenta una propuesta técnica y viable para reparar lo ocurrido.

2. La autoridad la evalúa en un mes.

3. Si la acepta y suspende el proceso, el investigado debe entregar una garantía de cumplimiento en cinco días hábiles.

4. El proceso queda suspendido hasta por dos años, con posibilidad de un año más.

5. Si la autoridad verifica que todo se cumplió, el proceso termina y no queda como antecedente.

Hay dos límites. Quien use esta salida no puede volver a usarla durante los cinco años siguientes. Y quien confiesa la infracción antes de que empiece el proceso recibe una rebaja del 30 % en la multa, o del 15 % si lo hace antes de que le formulen cargos.

Esta figura es buena idea, pero depende de que las autoridades tengan criterios claros y capacidad para vigilar que las obras realmente se hagan. De lo contrario, el proceso podría cerrarse sin que el ambiente quede mejor.

Empresas que se disuelven

Para evitar que una empresa se liquide y deje el proceso sin responsable, la ley le exige avisar a la autoridad apenas entre en disolución, liquidación o insolvencia. Sus administradores deben constituir garantías para cubrir lo que pueda llegar a deberse. Si no lo hacen, pueden terminar respondiendo solidariamente con su propio patrimonio, e incluso los socios, lo que seguramente generará discusiones jurídicas.

¿Y los procesos que ya estaban en marcha?

La ley no dijo nada sobre cómo se aplica a los procesos que ya existían. Según el Ministerio de Ambiente, las nuevas reglas se aplican de inmediato, sin afectar lo que ya se hizo. Hay abogados que consideran que el límite de cinco años debería favorecer también a los investigados antiguos. Es un debate abierto que seguramente llegará a los jueces.

En resumen

La Ley 2387 de 2024 hace más severas las multas, abre una vía para reparar el daño y cerrar el proceso, y pone límites de tiempo a la autoridad. Su mayor reto es que varias reglas nuevas no dicen qué pasa si se incumplen y que no hay una transición clara para los procesos en curso. Habrá que ver cómo las autoridades y los jueces llenan esos vacíos.

Fuentes

• [Texto oficial de la Ley 2387 de 2024](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=246696)

• [Texto de la Ley 1333 de 2009](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36879)

• [Sentencia C-595 de 2010 de la Corte Constitucional](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-595-10.htm)

• [Sentencia T-210 de 2025 de la Corte Constitucional](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/t-210-25.htm)

• [Concepto del Ministerio de Ambiente sobre los artículos 10 y 11 de la Ley 2387](https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/concep_241007_039401-APLICACION-ARTICULO-10-11-LEY-2387-2024-TERMINACION-ANTICIPADA-PROCEDIMIENTO-SANCIONATORIO-AMBIENTAL-POR-CORRECCION-Y-O-COMPENSACION-AMBIENTAL-Y-CONFESION-EN-PROCESO.pdf)

• [Concepto del Ministerio de Ambiente sobre la duración del proceso](https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/concep_250723_025470-SANCIONATORIO-AMBIENTAL-L-1333-09-L-2387-2024.pdf)

• [Análisis del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado](https://medioambiente.uexternado.edu.co/principales-cambios-en-el-proceso-sancionatorio-ambiental-en-colombia/)

Este texto es divulgativo y no constituye asesoría legal. Información verificada hasta el 5 de noviembre de 2026.

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